La ley 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre. Dos días después, la jueza bonaerense Marta Elba Pascual suspendió preventivamente su aplicación en la provincia por algo que se había planteado ampliamente durante el debate parlamentario: no están dadas las condiciones para implementarla sin vulnerar derechos. El 15 de septiembre, la Cámara de Lomas de Zamora revocó esa medida. Días más tarde, en la Ciudad, la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad en un caso concreto y sobreseyó a un chico de 14 años acusado de un intento de robo sin heridos ni daños. La Cámara porteña revocó el fallo y, además, la apartó de la causa.
Ninguna de esas Cámaras dijo (no podían decirlo) que los institutos estén en condiciones de recibir a los adolescentes que la ley les va a mandar. Resolvieron sobre competencias y alcances. Pero el apartamiento de De Marinis deja un mensaje que va más allá del expediente: quien se anime a aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño se expone a ser removido.
Y se siguen sumando agravantes: El gobierno porteño ya hizo su bajada: un protocolo, firmado por los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y por el propio Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obliga a los directivos a denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años, incluso por hechos ocurridos fuera de la escuela, y habilita el ingreso de la Policía a los establecimientos. La escuela, que debería ser el lugar donde el Estado llega primero y con derechos, pasa a funcionar como puerta de entrada al sistema penal. Y el organismo creado para proteger a la infancia firma esa decisión. Mientras tanto, se recortan políticas de cuidado, se precarizan las condiciones de vida de las familias y se desarman los dispositivos de niñez y adolescencia.
Las experiencias y los estudios sobre la cuestión coinciden: no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad.
La nueva ley empeora una situación que ya era compleja: un sistema desbordado, sin equipos especializados suficientes, sin dispositivos para acompañar el egreso, sin presupuesto. Baja la edad de punibilidad a los catorce años, suprime las escalas penales atenuadas y amplía la discrecionalidad judicial. Promete, a cambio, medidas alternativas y una finalidad socioeducativa que va a contramano de todas las políticas y discursos de este gobierno.
Desde Fundación SES volvemos a insistir: ningún chico nace peligroso. Peligroso es un Estado que llega tarde, o que llega solamente con patrulleros y rejas, ahora también en la puerta del aula.
Antes del delito hay una historia. Antes que criminalizar, hay derechos por garantizar: educación, cuidados, salud, trabajo, oportunidades.
