La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley que reforma el régimen penal juvenil proponiendo bajar la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años de edad. Esta reducción en la edad de imputabilidad vulnera derechos y garantías de las y los adolescentes, viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos y se trata de la única “propuesta” hacia las juventudes en el marco de un feroz ajuste a las familias trabajadoras, el ataque a las organizaciones sociales y el desmantelamiento de políticas que buscaban garantizar el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
La falta de trabajo o su total precarización, el desfinanciamiento a las universidades y a políticas educativas de inclusión, la crisis habitacional y de acceso a la vivienda son parte del plan de ajuste que afecta a las mayorías y a les jóvenes con particular crudeza. Según datos del tercer trimestre de 2024 del Monitor de Juventudes de Fundación SES, elaborados en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 38 % de las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años se concentra en los tres deciles más bajos de ingreso per cápita familiar, frente al 36% de los varones. Esta sobrerrepresentación en los niveles de mayor vulnerabilidad económica contrasta con lo que sucede en la población adulta (30 a 65 años), donde el 32 % tanto de mujeres como de varones se encuentra en ese mismo tramo. Estos datos confirman que las juventudes —y particularmente las mujeres jóvenes— ya parten de una situación estructuralmente desigual, marcada por la exclusión del acceso a derechos básicos como el empleo, la educación y la vivienda.
Criminalización y represión, las únicas caras que este gobierno muestra hacia las y los jóvenes.
Como parte de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia repudiamos el proyecto de ley que busca bajar la edad de punibilidad, en tanto sólo agrava la violencia hacia los sectores más vulnerables, y nos seguimos organizando para multiplicar fuerzas para frenar los intentos de retroceder en derechos democráticos y por políticas públicas que garanticen a las niñeces y adolescencias una vida digna de ser vivida.
