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Argentina es un país federal cuya gestión educativa es descentralizada en los gobiernos de las 24 jurisdicciones. El federalismo educativo argentino presenta la necesidad de establecer un modelo de financiamiento que garantice el derecho a la educación en un país sumido en profundas desigualdades. Por tanto, la justicia educativa debe pensarse en términos de las políticas educativas necesarias, la inversión requerida para su cumplimiento y las fuentes que la garanticen.