La agenda pública de las últimas semanas vuelve a colocar en el centro dos discusiones que no pueden analizarse por separado: la reforma laboral y la baja de la edad de punibilidad. Ambas se presentan como respuestas “técnicas” a problemas urgentes —empleo, inseguridad—, pero en el fondo expresan una misma orientación: trasladar los costos de las crisis sobre quienes menos margen tienen para absorberlos. Cuando el debate se reduce a slogans, se pierde lo esencial: qué tipo de sociedad se consolida cuando se flexibilizan derechos en el mundo del trabajo y, al mismo tiempo, se endurece el enfoque punitivo sobre las adolescencias.
La “reforma laboral” que ahora es ley habilita mayor discrecionalidad empresaria, fragmenta tiempos de descanso y desdibuja responsabilidades excluyendo el reconocimiento de “trabajadores” de amplios sectores. Lo que se expande es la precariedad, y esto no es solo un tipo de contrato: es incertidumbre cotidiana, imposibilidad de proyectar, deterioro de la salud, endeudamiento de hogares, y ruptura de trayectorias educativas. Estas reformas se formulan como si el trabajo fuera un privilegio individual y no un derecho que organiza ciudadanía.
La baja de la edad de punibilidad se inscribe en una lógica similar: ofrecer una respuesta rápida de alto impacto mediático y baja eficacia real. En un contexto de angustia social, la promesa de “mano dura” simplifica el diagnóstico y desplaza la conversación sobre las causas. Penalizar más temprano no resuelve los circuitos de violencia, ni la captación de adolescentes por economías ilegales, ni el abandono escolar, ni las desigualdades territoriales. Al contrario: profundiza estigmas, habilita la violencia institucional y amplía el contacto temprano con sistemas que rara vez restituyen derechos. Los países que lograron reducir violencias sostuvieron políticas integrales: prevención comunitaria, escuelas con recursos, atención a la salud mental, políticas de acompañamiento, justicia juvenil especializada con medidas socioeducativas, y un Estado presente en los barrios. Lo punitivo, sin lo social, solo multiplica daños.
Ambas agendas comparten un supuesto: que el conflicto social se gestiona debilitando derechos y ampliando sanciones. Es una combinación peligrosa, porque produce un doble desplazamiento: por un lado, empuja a más personas a la intemperie económica; por el otro, administra esa intemperie con respuestas de control. Donde falta trabajo decente y oportunidades, se “ofrece” castigo. Donde crecen la desigualdad y la frustración, se busca disciplinamiento. Desde una perspectiva de desarrollo con inclusión, ese camino es regresivo: no construye seguridad ni progreso, sino más fragmentación social.
La discusión pública necesita recuperar una pregunta básica: ¿quién paga el costo de las “soluciones” propuestas? Cuando la respuesta es “las y los trabajadores” y “los jóvenes de los barrios populares”, estamos frente a un proyecto de país que naturaliza la desigualdad. Desde una mirada comprometida con la justicia social, los derechos y la democracia, la salida no es retroceder en protección, sino construir un nuevo piso de integración: derecho a la educación de calidad; trabajo con derechos; políticas sociales que cuiden y acompañen; Estado presente en el territorio y una perspectiva de género que no sea un anexo, sino eje transversal. Solo así el futuro deja de ser una consigna y se convierte en una política.
