La Pandemia generó graves consecuencias en términos educativos para los niños, niñas y adolescentes, profundizando aún más las brechas ya existentes. En este contexto, la región pone en debate la experiencia y mira con expectativas nuevas formas de vincularse y promover diferentes tipos de aprendizaje.
El Congreso Regional Experiencias Educativas 2021, que impulsó la Fundación SES con el aval de UNICEF, UNESCO, CLACSO, BID, CLADE, el Observatorio del Derecho a la Educación, UNQ, entre otros organismos e instituciones, dejó perspectivas de referentes educativos esenciales de Latinoamérica y el Caribe. En su mayoría vinculadas al rol de los estados como impulsores, decisores y ejecutores de políticas públicas que contemplen todos los tipos de aprendizajes, incluyendo las minorías y diversidades existentes en cada una de nuestras sociedades, y la esencialidad de la educación como derecho humano universal.
Entre los datos aportados por la Oficina de Educación para América Latina de la Unesco y la ORELAC al Congreso, la pandemia del COVID-19 provocó la mayor interrupción de servicios educativos, de forma global y simultánea de la historia reciente, afectando a más del 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación preprimaria hasta la educación superior. Si bien, los países de América Latina y el Caribe han llevado adelante enormes esfuerzos para promover la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje en este contexto, persisten en los sistemas escolares profundas inequidades que limitan la capacidad de alcanzar a toda la población. Asimismo, las estrategias implementadas para superar la crisis educativa destacaron aquellas que requirieron una menor inversión, dando cuenta de las dificultades presupuestarias que enfrentaron los países en un contexto de profunda incertidumbre.
Hoy, mientras la Argentina se encamina a retomar las cifras de presencialidad previas a la Pandemia, desde el Ministerio de Educación aseguraron que en el marco del programa “Volver a la Escuela”, recientemente lanzado, 1.800.000 estudiantes tuvieron problemas de vinculación con la educación y en los últimos 2 meses ya se ha reincorporado alrededor de 1/3 de ésa población.
Estos datos acompañan las declaraciones realizadas por Luis Scasso, Director – Representante permanente ante el Gobierno Argentino en la OEI, quien asegura que alrededor del 50% de los jóvenes no culminaba el secundario antes de la Pandemia y, mientras la crisis sanitaria evidenció la desigualdad social, esta experiencia sirvió para “poner nuevamente a la educación en el eje del debate público y de la lucha política, se vio la relevancia de la educación, de los docentes, de las escuelas. Y demostró la centralidad del Estado para garantizar el derecho a la educación, su rol ha sido, es y seguirá siendo fundamental”. Algo que compartió Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien sostuvo que “el derecho a la educación es la puerta de entrada a otros derechos humanos”, y advirtió que “el tema más complejo a resolver se centra en las 2 puntas de la trayectoria educativa, en el inicial hasta sala de 5, y en la secundaria con los adolescentes de 14 y 15 años”.
La Pandemia dejó ejes en los cuales seguir trabajando a futuro, esto es algo que Alejandra Solla, Presidenta Fundación SES, resaltó: “la conectividad como un derecho en una época en que la escolaridad híbrida nos atraviesa a todos”. Según Cora Steinberg, Especialista de Educación de UNICEF Argentina: “hay una agenda pendiente de avanzar en la conectividad en la región. Argentina, como mucho de los países de la región, era desigual en el acceso a la conectividad, 1 de cada 2 hogares no contaban con una computadora para uso escolar. Los chicos que no disponían de recursos tuvieron un impacto mayor interrumpiendo la escolaridad o sosteniéndola en una modalidad que es considerada ´escolaridad blanda´”. Desde UNICEF también se expresó la necesidad de considerar una concepción integral de bienestar para garantizar la educación, en crisis durante la Pandemia alertando patrones de déficit de alimentación y de sueño en los más chicos, y angustia y depresión en los adolescentes, afectando los aprendizajes que la escuela promueve.
La educación como bien común es un tema prioritario para la sociedad y el bienestar de las futuras generaciones. En este sentido, Vernor Muñoz Villalobos, Ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y Jefe de Políticas, Incidencia y Campañas de la CME, aspiró a impulsar 3 condiciones esenciales: que el Estado asuma su rol indelegable como promotor de políticas públicas educativas, que el sector privado cumpla con su obligación de pagar los impuestos y que la sociedad civil exija que éstos 2 sectores cumplan con su propósito. Esto pone en debate otro eje central de la discusión, que pareciera correr por un camino ajeno a la educación, esto es, cómo la evasión fiscal profundiza el desfinanciamiento educativo.
Según datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo el 1% de la población más rica obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía, esto es el doble de la media del mundo industrializado. La pobreza está íntimamente vinculada a un acceso desigual de la educación, y se replica en las generaciones futuras. El derecho a la educación no sólo garantiza el acceso al conocimiento, sino también a empleos mejor remunerados y una calidad de vida superior. En esta coyuntura, los recursos económicos del Estado para solucionar la crisis son fundamentales, allí es donde la justicia fiscal cumple un rol clave en la lucha contra la desigualdad. América Latina y el Caribe recaudan mucho por impuestos al consumo, pero poco por impuestos a la riqueza. Actualmente, la región pierde 26 mil millones de dólares por año por no gravar a las grandes fortunas, según un informe de Latindadd, RJFALC y Fundación SES. El rol central de los Estados implica garantizar una política de redistribución, para que aquellos que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más que quienes se encuentran en profunda desigualdad, acentuada aún más luego de la crisis sanitaria. Asimismo, la salida de recursos de nuestros países producto de la evasión fiscal, impide el desarrollo de políticas públicas inclusivas.
El Congreso contó con la participación de más de 2000 participantes y 150 especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, redes, colectivos y movimientos sociales, docentes, investigadoras/es, representantes de organismos multilaterales y autoridades políticas, con experiencias y prácticas concretas desplegadas en diversos contextos educativos formales y no formales en América Latina y el Caribe, Portugal, España y Andorra.
